Educación regula la figura del coordinador de convivencia en más de 100 centros para reforzar la protección del alumnado en La Rioja
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este 11 de marzo la resolución que regula la figura del coordinador de convivencia, bienestar y protección del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad. La medida establece también la asignación horaria del profesorado encargado de estas funciones a partir del próximo curso.
Actualmente, un total de 116 centros educativos de La Rioja cuentan con esta figura destinada a impulsar la convivencia positiva en el ámbito escolar y a garantizar la protección del alumnado frente a conflictos o situaciones de violencia.
Del total de centros, 88 son públicos y 28 privados concertados. En estos últimos, cuando se imparten varias etapas educativas, es posible designar un coordinador por cada etapa, siempre dentro del límite máximo de horas fijado para cada centro.
La resolución, dictada por la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo, desarrolla lo recogido en el Decreto de Convivencia Escolar y concreta tanto las funciones como la dedicación horaria de estos profesionales.
Entre sus principales tareas figura la coordinación del plan de convivencia del centro y la colaboración en la elaboración de políticas destinadas a la protección del alumnado.
También deberán diseñar y promover programas que fomenten el buen trato, la convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos dentro de la comunidad educativa.
Otra de sus responsabilidades será impulsar la formación del profesorado, las familias y el alumnado en materia de prevención y detección precoz de la violencia, así como promover la participación activa del estudiantado y prestar especial atención a los menores en situación de vulnerabilidad.
Además, estos coordinadores tendrán un papel clave en la detección temprana de situaciones de riesgo. En estos casos activarán los protocolos establecidos y coordinarán la actuación con los servicios competentes.
La resolución también establece que deberán garantizar la confidencialidad de las intervenciones, evitar la estigmatización de los implicados y promover medidas de recuperación educativa para las víctimas, junto con actuaciones reeducativas dirigidas al alumnado agresor.