Detenido un exalto cargo de Transición Ecológica por presunto amaño de permisos ambientales a favor de Forestalia
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica por su presunta implicación en un amaño de permisos ambientales relacionados con proyectos de energías renovables de la empresa Forestalia.
En la operación, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO), han sido arrestadas otras cinco personas, entre ellas el presidente de la compañía, Fernando Samper.
La investigación se centra en posibles irregularidades en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental para facilitar la autorización de parques eólicos y plantas fotovoltaicas.
Según fuentes próximas al caso, el ex subdirector de Calidad Medioambiental, que ocupó el cargo durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio, habría recibido contraprestaciones económicas a cambio de agilizar expedientes favorables a la empresa aragonesa.
Los pagos, siempre según la investigación, se habrían canalizado a través de una sociedad vinculada al exresponsable y de su entorno familiar. Los agentes analizan un entramado societario que, presuntamente, habría servido para ocultar las transacciones.
Los registros se han extendido a varios inmuebles en Madrid y Zaragoza, incluida la vivienda de Fernando Samper y la sede central de Forestalia. También se ha inspeccionado una notaría y diversos domicilios de personas investigadas.
La operación, que afecta a una veintena de sociedades relacionadas con el sector de las energías renovables, pone el foco en proyectos eólicos de gran envergadura en Aragón, entre ellos los vinculados al clúster del Maestrazgo, en Teruel.
Los investigadores tratan de esclarecer si durante la tramitación de las licencias se alteraron informes técnicos para garantizar la viabilidad administrativa de las instalaciones.
En el marco de las pesquisas, se han documentado incidencias medioambientales en algunas zonas donde se ubican los parques, lo que ha llevado a revisar la legalidad de las autorizaciones concedidas.
Además, la Guardia Civil analiza una subvención pública de cerca de 17 millones de euros otorgada a una empresa vinculada al grupo empresarial, en relación con proyectos energéticos en Aragón.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.