CSIF, UGT y CCOO han denunciado la falta de información del Ayuntamiento de Haro sobre la posible externalización del servicio municipal de aguas. Los sindicatos reclaman una negociación con garantías y la continuidad de los dos trabajadores en la plantilla municipal.
Las tres organizaciones, integrantes de la mesa negociadora, aseguran que han solicitado detalles en diversas reuniones con los concejales responsables del área. Según exponen en un comunicado, no han recibido respuestas claras ni documentación suficiente para conocer los planes municipales.
Los sindicatos también afirman que el Ayuntamiento está convocando por separado a los dos trabajadores del servicio de aguas, sin acompañamiento sindical. Según la información que las centrales atribuyen a los empleados, estos perciben el contexto de esas reuniones como intimidatorio.
A juicio de CSIF, UGT y CCOO, estas actuaciones generan incertidumbre en la plantilla y dificultan que el futuro del servicio se aborde con transparencia y participación.
Defensa de la gestión pública y una alternativa para las guardias
Las organizaciones rechazan la externalización del servicio municipal de aguas en los términos que, según señalan, se están planteando. Defienden mantener la gestión pública y conservar a los dos empleados municipales que actualmente prestan el servicio.
Como alternativa, contemplan como máximo un sistema híbrido: mantener a ambos trabajadores en la plantilla del Ayuntamiento y contratar externamente la cobertura de las guardias.
Con esta propuesta, los sindicatos buscan preservar el empleo público y la experiencia de los trabajadores, al tiempo que se atienden las necesidades de continuidad y cobertura del servicio.
Críticas a los plazos de la negociación
CSIF, UGT y CCOO denuncian además la convocatoria de una reunión de la mesa negociadora con menos de 24 horas de antelación. Consideran insuficiente ese plazo para preparar los asuntos y sostienen que incumple las exigencias normativas aplicables.
Las centrales reclaman al Ayuntamiento toda la información sobre el futuro del servicio, el cese de cualquier práctica que pueda generar presión sobre los trabajadores y una negociación efectiva con la representación sindical.
También piden que se explique a la ciudadanía qué modelo de gestión se pretende implantar, qué razones lo justifican y cuáles serían sus consecuencias para el empleo público y la prestación del servicio.
Las tres organizaciones reiteran su disposición al diálogo, aunque condicionan el avance de la negociación a disponer de información suficiente y de garantías para defender sus posiciones.






