CSIF pide que el Parlamento rechace y devuelva el anteproyecto de la Ley de Función Pública

CSIF denuncia que el Gobierno ha aprobado un Anteproyecto de Función Pública con una minoría sindical y sus sindicatos afines, y han desoído a la mayoría de la representación de personal que actualmente ocupa CSIF. Según denuncian, “han prevalecido sus tiempos políticos y el interés por sacar un Anteproyecto de Ley, en lugar de poner en el centro a la Función Pública”.

Este sindicato ve necesario que el Parlamento devuelva y rechace el anteproyecto de esta ley para que se establezcan los mecanismos para la despolitización de la función pública.

CSIF ha advertido además que el nuevo texto lleva la politización a tal extremo de poder nombrar personal externo afín como empleados públicos, un personal externo que estarían en la cúspide de la Función Pública y así se podrían saltar los controles que ha de realizar para evitar las corruptelas que tanto han asolado a España en los últimos tiempos, y también la libre designación para determinados puestos relevantes.

CSIF ha solicitado, en cambio, la creación del cuerpo directivo profesional funcionario como culmen en la carrera administrativa funcionarial y que desaparezcan la libre designación en los puestos altos funcionariales, así como también limitar el número de asesores y personal eventual.

La politización llega al extremo

La central sindical cree que el nuevo texto que se ha presentado apenas avanza en mejorar la normativa de Función Pública mientras que, en cambio, sí prevé para los altos cargos nombrados “a dedo” que lleguen y perciban para siempre el nivel más alto de la Función Pública, incluso se prevé con carácter retroactivo. Asimismo prevé que el personal integrado afín de empresas públicas puedan funcionarizarse fácilmente.

Avisa a la par de que esta ley posibilita más recortes económicos pues no prevé nada en retribuciones, e incluso va más allá suprimiendo el complemento de carrera de las pagas extras, cuestión conseguida en Estatuto Básico estatal.

CSIF ha solicitado que el funcionario de La Rioja no sea menos que el de las Comunidades Autónomas limítrofes, ni en derechos, ni en retribuciones, pero han rechazado que se incorporen estas cautelas.

El anteproyecto que deja también lagunas, como la incorporación al nuevo Grupo B de los funcionarios que actualmente cumplen los requisitos, o la posibilidades de movilización interadministraciones.

El anteproyecto tampoco avanza en mejorar la representación del empleado público y las garantías de indemnidad para su representación, dificultando su realización.

Así es necesario que se reflexione y se tenga en cuenta alegaciones en este sentido:

a. Mantener y mejorar garantías para los funcionarios.
b. Limitar las carreras meteóricas en la provisión de puestos y en la carrera vertical.
c. Establecer reglas objetivas para la provisión temporal.
d. Mejorar derechos de los empleados públicos.
e. Prever instrumentos de motivación para los empleados públicos de La Rioja
f. Mejorar las posibilidades de promoción en la carrera vertical para todos los cuerpos y grupos
g. Evitar que en el acceso o consolidación no se tenga en cuenta la igualdad, mérito y capacidad.
h. Mejorar el régimen de excedencias
i. Desarrollar las garantías de indemnidad para la representación del personal y los liberados sindicales