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ANPE considera inadmisible la derogación de ley de autoridad del profesorado

Desde ANPE consideran inadmisible que el consejero de Educación anuncie la derogación de la Ley de Autoridad del Profesor sin contar con la participación de la comunidad educativa, sin justificación y haciéndolo de manera unilateral.

Desde este sindicato señalan la sorpresa que les causó que al inicio del curso se conociera, a través del anuncio en prensa del consejero, la derogación de la Ley 2/2011 de autoridad del profesor y de la convivencia en los centros educativos de la CAR debido a la próxima publicación de un nuevo Decreto de Convivencia.

ANPE-RIOJA considera inaceptable que se haga este anuncio sin haber informado a los docentes ni negociado previamente con sus representantes en un tema tan importante como es la convivencia en los centros educativos.

Por ello reivindican la necesidad de negociar este nuevo decreto en la Mesa Sectorial de Educación, dado que, “hasta hoy, la Administración no nos ha facilitado ni siquiera el borrador para poder valorarlo y hacer las aportaciones oportunas”.

Desde esta agrupación de defensa del profesorado afean que el consejero de Educación, al igual que hizo con la supresión en Maestros de la jornada reducida de septiembre y junio, “no dialogue ni negocie con las organizaciones sindicales aspectos que son de vital importancia para los docentes y lanza un mensaje a la sociedad muy equivocado que en nada contribuye a la buena valoración, prestigio y respeto que demandamos para nuestra profesión”.

Desde este sindicato recuerda cómo desde el año 2005 ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, lleva trabajando por mejorar la convivencia escolar y la calidad educativa, resolviendo situaciones conflictivas en centros educativos, ayudando e informando a docentes en riesgo, recopilando casos y elaborando informes para analizar las causas de los conflictos y exigiendo a las Administraciones que adapten la normativa vigente a las demandas reales de convivencia.

ANPE-RIOJA, sindicato exclusivo y mayoritario de docentes de la enseñanza pública, exige a la consejería de Educación una negociación inmediata de la normativa de convivencia en los centros educativos manteniendo la Ley de Autoridad del Profesor y que se cuente con la opinión de los docentes a través de los cauces de comunicación y participación reglamentarios.

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